En el año 1998, todos los economistas que por aquellas fechas figurábamos colegiados en el Colegio Central de Economistas de Madrid, recibimos la invitación de darnos de alta como Miembros Benefactores de la recién nacida Fundación Pro RAE. Ignoro cuantos de mis colegas aceptaron, como yo mismo hice con entusiasmo, la honrosa invitación que, a fin de cuentas, representaba prestar apoyo institucional a nuestra querida Lengua Española, expresión con la que casi siempre era identificada, no sólo en nuestro país, sino absolutamente, por cualquier parte del mundo donde nuestra actividad profesional nos llevara.
Por aquellas fechas la Academia, nada castellanista, fiel a si misma, resistía los embates de los políticos nacionalistas y asociados, como en cierta ocasión lo hizo el admirado Octavio Paz, con ocasión de otro de los tendenciosos falsos debates sobre si nuestra lengua común se debía llamar castellana o española, a lo que contestó, ante un micrófono con cámara: “yo no sé castellano, yo hablo español”. A Octavio Paz, evidentemente, no le gustaban los cismas a la chilena ni similares –que el sensato presidente chileno Ibáñez zanjó en junio de 1927-. Octavio Paz, como es bien sabido, escribía y hablaba un bellísimo español con grato acento mejicano. La mejor prueba de lo que digo, sobre la postura nada castellanista de la RAE, la podemos encontrar en el prólogo de la Ortografía de la Lengua Española, en su edición de junio del año 1999, en esta ocasión revisada por todos las Academias de la Lengua Española, o sea, verdaderamente panhispánica. Conviene recordar que la primera Ortographía -precisamente así escrita- de la Lengua Española data de 1741.
En el citado prólogo de la edición de 1999, podemos encontrar abundante información de gran utilidad a los fines de este modesto trabajo que llevo a cabo en apoyo del sonado, estos días, Manifiesto Pro la Lengua Común Española, nacido oportunamente en defensa de los derechos de los hispanohablantes perseguidos por los nuevos caciques nacionalistas excluyentes. Del prologo: “El gran lingüista suramericano Ángel Rosenblat escribiría que la unidad ortográfica es la mayor fuerza aglutinante, unificadora de una amplia comunidad cultural: por debajo de ella pueden convivir sin peligros todas las diferencias dialectales. Y añadiría: el triunfo de la ortografía académica es el triunfo del espíritu de unidad hispánica”.
Si uno se toma la molestia de leer con detenimiento las casi XX páginas del prólogo, de la ya citada Ortografía de la Lengua Española del año 1999, podrá comprobar que, a pesar de que en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 dice que “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado….”, en solo en una ocasión del prologo se dice, “nuestra lengua castellana o española”; en dos ocasiones se usa la expresión “hispanohablantes”; en cinco ocasiones se usa la expresión, “lengua española”. No aparece, ni una sola vez, la expresión lengua castellana para referirse a nuestra lengua común. Como digo, esto a pesar de que la Constitución llevaba ya 11 años promulgada. Cabe pensar que, entonces, la RAE se consideraba tan independiente en sus funciones fundacionales de “limpiar, fijar y dar esplendor” a la lengua española, como cabría esperar que lo fuera cualquier otra institución académica española independiente de los órganos del Estado. Ciertamente, esta ha sido la “política” seguida habitualmente por la RAE.
De sobra son conocidas las razones por las que un grupo de intelectuales han salido en defensa de los derechos de los hispanohablantes en aquellas autonomías en las que gobiernan nacionalistas integristas y excluyentes. En la presentación del manifiesto, el escritor Fernando Savater ha señalado que los firmantes solicitan al Parlamento las modificaciones o esclarecimientos necesarios de la Constitución y de los Estatutos de autonomía para garantizar "en todos los campos y en todo el territorio nacional" los derechos de quienes opten por el castellano.
No es la primara vez que se han presentado manifiestos similares en defensa de la lengua común española. Pero en esta ocasión ha tenido un efecto expansivo considerable. Pero también, nunca antes la persecución a hispanohablantes había sido tan abiertamente agresiva. En estos momentos, si le preguntamos al buscador Google por el Manifiesto en cuestión, aparecen aproximadamente más de un millón doscientos mil sitios en la red que lo mencionan, lo propagan o invitan a firmarlo. Recientemente pudimos leer en ABC, lo siguiente: “Jamás un texto de esta naturaleza había recabado tantos apoyos. Jamás había habido entre estos apoyos tantas firmas ilustres de escritores y artistas, tantas palmas y tantos laureles. Jamás se habían sumado a la iniciativa, en primera o en segunda instancia, partidos políticos en pleno, desde la cúpula hasta el último de los militantes. Lo primero, pues, que cabe preguntarse es por qué.”
Como era de esperar, también aparecen algunos anti Manifiesto, no contra el castellano o el español, sino como juego retórico para desvirtuar la iniciativa: “la lengua común no corre peligro y no necesita defensa”. Esto es lo que se podría llamar dar una burda larga cambiada. Pero está bien clara la intención del Manifiesto: son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. Por eso, en aras de la claridad de objetivos, no está por demás reflejar aquí, aunque sea de forma abreviada, el contenido del Manifiesto, para que no haya duda de para quienes se solicita ayuda: en defensa algunas personas, algunos ciudadanos que ven injustamente cercenados sus derechos de hispanohablantes.
El manifiesto se resume en los siguientes cinco puntos abreviados:
1.La lengua española es común y oficial a todo el territorio nacional. 2.Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua española, sea cual fuere su lengua materna. 3.En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. 4.La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica. 5.Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua española lo mismo dentro de España que en el extranjero.
También en el mismo medio antes citado, ABC, pudimos leer ciertas declaraciones de Víctor García de la Concha con las que justificaba su negativa a firmar el Manifiesto: "por principio", nunca firma ninguno; la Academia no entra en esto porque "se trata de un problema político”. Resulta chocante que el director de la RAE exprese una visión tan estrecha y simplista de lo que en estos tiempos se considera un acto político. En una sociedad abierta y democrática, en la era de la comunicación, y cuando quien se manifiesta es nada menos que el director de la Institución, su negativa no puede merecer otra consideración que la de, efectivamente, acto político –precisamente lo que dice pretender evitar-, tanto como lo es la negativa de Zapatero a respaldar el Manifiesto porque sabe que enojaría a sus socios nacionalistas y perdería su apoyo en las acciones de gobierno, tan político como lo ha sido el acto de poner mi firma al pie de un Manifiesto, evidentemente con intenciones políticas. Dijo Edurne Uriarte, en una de sus columnas habituales de ABC, que “el objetivo y la sustancia del Manifiesto son políticos. Los referidos a los derechos de los españoles que no pueden aprender o utilizar con libertad el español en algunos lugares de España. Precisamente el despiste del Manifiesto -continua Uriarte- está en que no identifica responsabilidades políticas. En estas condiciones el señor García de la Concha no corre peligro de cogerse los dedos. No corre peligro de ser tratado de españolazo.”
Como se puede ver, el argumento de que se está haciendo uso político del Manifiesto ha hecho mella en algunas “sensibilidades de las izquierdas comprometidas”, quienes ya se han precipitado en marcar pautas para evitar problemas con las dictaduras nacionalistas. Algunos tienen miedo a ser catalogados de españolazos. La táctica de los “sensibles” es la de fingir que el problema no existe. Mirar para otro lado ignorando la humillación de los españolazos que ven pisoteados sus derechos legítimos.
También se ha sabido que el día 12 del pasado junio, el académico Francisco Rodríguez Adrados propuso a la RAE que instara al Gobierno a mantener, en las distintas comunidades autónomas, "el carácter del español como lengua común y oficial de España". El texto se discutió los días 12, 18 y 26. Aunque muchos académicos dieron su visto bueno al texto, finalmente no fue votado por falta de quórum. Se consideró, además, que la RAE "no era el sitio adecuado para hacer declaraciones como esas, lo que significaría meterse en un terreno muy conflictivo…". El diario que vengo citando, que desde el primer momento esta tratando con especial cariño e interés el asunto del Manifiesto -afortunadamente existen otros muchos medios que hacen lo mismo-, se hizo eco, el pasado sábado, del apoyo que varios académicos, como el propio Francisco Rodríguez Adrados, Gregorio Salvador, Valentín García Yebra y Manuel Seco han dado ya al texto. Hay una ausencia importante, sin embargo, entre estos apoyos: la del propio director de la RAE, Víctor García de la Concha. Por lo que se ve, la RAE no se atreve a salir en defensa del español, más allá de cuestiones gramaticales y lingüísticas, frente a las agresiones de los nacionalismos, a los derechos y libertades de los hispanohablantes. Defender derechos y libertades de ciudadanos maltratados, no es precisamente una indignidad.
Resulta providencial, en estos momentos de confusión del sentido del acto político en nuestra sociedad y del papel de nuestra lengua común, que en estos días, Rodríguez Adrados, 85 años, ya citado más arriba, uno de los más sabios estudiosos de la Lengua Española, acaba de recoger una selección de artículos que dan muestra de su extensa sabiduría bajo el titulo Hombre, política y sociedad en nuestro mundo, donde reune sus reflexiones sobre lo que el llama “el mundo infinito de los humanos”. Pilar Ortega Bargueño (El Mundo 4 de julio) ofreció un interesante trabajo sobre este insigne académico de la Lengua y de la Historia, helenista consagrado y presidente de honor de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Pues bien, Rodríguez Adrados, comprometido con la nuestra lengua común, no tiene ningún empacho en pedir el respaldo al Manifiesto y en afirmar que “la mayor parte de los académicos aprueban el contenido del Manifiesto, incluso los que dicen no.”
Otro académico de la lengua que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas claras es, Luis María Ansón, quien en su Canela Fina del pasado día 8 en El Mundo, tronaba así: “en el Congreso del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero ha vendido la primogenitura del idioma castellano por un plato de escaños. Hay que ser cínico para negar la evidencia de la liquidación del derecho de los ciudadanos a educar a sus hijos en el idioma de Cervantes en algunas comunidades autónomas.” Más adelante afirma Ansón, en respuesta al argumento esgrimido para desvirtuar el objetivo del Manifiesto Pro Defensa del Español, que no esta en peligro y no necesita que nadie lo defienda, dice: “Pero es que no se trata de defender el castellano. Se trata de defender el derecho de los ciudadanos españoles a educar a sus hijos en la lengua común de España, conforme a la Constitución votada por la voluntad general libremente expresada por el pueblo.”
Frente al argumento de los que dicen que el Manifiesto va contra el catalán, conviene recordar que, cuando en los años veinte del pasado siglo, durante la dictadura de Primo de Rivera, el catalán padeció dificultades de parte de aquel Gobierno, la Academia, con don Ramón Menéndez Pidal a la cabeza, salió en defensa del catalán. Pero mas sorprendente resulta que los nacionalistas hayan olvidado el injusto sufrimiento que les infringió el régimen franquista cuando perseguía al catalán. Con esa experiencia vivida en propias carnes, su respuesta, ahora que se sienten amos de la situación, aparece como una vuelta de tortilla, una desquite. El burladero de los regímenes nacionalistas para justificar atropellos, resulta descaradamente alto. Parece que esta Europa de nuestros afanes, que no acaba de poner rumbo en sus ensayos constitucionales, tampoco acaba de encontrar la formula de vacunarse contra el montaraz mal de los nacionalismos que tanta sangre y sufrimiento ha producido, casi hasta ayer mismo. Más bien parece, en más ocasiones de las deseadas -Kosovo, la ultima-, que los estimula irresponsablemente.
Y para terminar vuelvo por donde empecé. Después de haber permanecido con satisfacción, justamente hace ahora 10 años, en la lista de miembros benefactores de la Fundación Pro Real Academia Española, los hechos, argumentos y reflexiones anteriormente expuestos, finalmente, me han llevado a tomar la decisión de manifestarle claramente, a la Gerente de la Fundación, Dª. Monserrat Sendagorta Comendio, por correo electrónico con acuse de recibo, lamentándolo de gran manera, mi voluntad de causar baja de dicha Fundación, por la incomodidad y el desconcierto que todo aquello me produce. Que cada miembro de la Fundación haga, libremente y en conciencia, lo que crea conveniente.
Por aquellas fechas la Academia, nada castellanista, fiel a si misma, resistía los embates de los políticos nacionalistas y asociados, como en cierta ocasión lo hizo el admirado Octavio Paz, con ocasión de otro de los tendenciosos falsos debates sobre si nuestra lengua común se debía llamar castellana o española, a lo que contestó, ante un micrófono con cámara: “yo no sé castellano, yo hablo español”. A Octavio Paz, evidentemente, no le gustaban los cismas a la chilena ni similares –que el sensato presidente chileno Ibáñez zanjó en junio de 1927-. Octavio Paz, como es bien sabido, escribía y hablaba un bellísimo español con grato acento mejicano. La mejor prueba de lo que digo, sobre la postura nada castellanista de la RAE, la podemos encontrar en el prólogo de la Ortografía de la Lengua Española, en su edición de junio del año 1999, en esta ocasión revisada por todos las Academias de la Lengua Española, o sea, verdaderamente panhispánica. Conviene recordar que la primera Ortographía -precisamente así escrita- de la Lengua Española data de 1741.
En el citado prólogo de la edición de 1999, podemos encontrar abundante información de gran utilidad a los fines de este modesto trabajo que llevo a cabo en apoyo del sonado, estos días, Manifiesto Pro la Lengua Común Española, nacido oportunamente en defensa de los derechos de los hispanohablantes perseguidos por los nuevos caciques nacionalistas excluyentes. Del prologo: “El gran lingüista suramericano Ángel Rosenblat escribiría que la unidad ortográfica es la mayor fuerza aglutinante, unificadora de una amplia comunidad cultural: por debajo de ella pueden convivir sin peligros todas las diferencias dialectales. Y añadiría: el triunfo de la ortografía académica es el triunfo del espíritu de unidad hispánica”.
Si uno se toma la molestia de leer con detenimiento las casi XX páginas del prólogo, de la ya citada Ortografía de la Lengua Española del año 1999, podrá comprobar que, a pesar de que en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 dice que “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado….”, en solo en una ocasión del prologo se dice, “nuestra lengua castellana o española”; en dos ocasiones se usa la expresión “hispanohablantes”; en cinco ocasiones se usa la expresión, “lengua española”. No aparece, ni una sola vez, la expresión lengua castellana para referirse a nuestra lengua común. Como digo, esto a pesar de que la Constitución llevaba ya 11 años promulgada. Cabe pensar que, entonces, la RAE se consideraba tan independiente en sus funciones fundacionales de “limpiar, fijar y dar esplendor” a la lengua española, como cabría esperar que lo fuera cualquier otra institución académica española independiente de los órganos del Estado. Ciertamente, esta ha sido la “política” seguida habitualmente por la RAE.
De sobra son conocidas las razones por las que un grupo de intelectuales han salido en defensa de los derechos de los hispanohablantes en aquellas autonomías en las que gobiernan nacionalistas integristas y excluyentes. En la presentación del manifiesto, el escritor Fernando Savater ha señalado que los firmantes solicitan al Parlamento las modificaciones o esclarecimientos necesarios de la Constitución y de los Estatutos de autonomía para garantizar "en todos los campos y en todo el territorio nacional" los derechos de quienes opten por el castellano.
No es la primara vez que se han presentado manifiestos similares en defensa de la lengua común española. Pero en esta ocasión ha tenido un efecto expansivo considerable. Pero también, nunca antes la persecución a hispanohablantes había sido tan abiertamente agresiva. En estos momentos, si le preguntamos al buscador Google por el Manifiesto en cuestión, aparecen aproximadamente más de un millón doscientos mil sitios en la red que lo mencionan, lo propagan o invitan a firmarlo. Recientemente pudimos leer en ABC, lo siguiente: “Jamás un texto de esta naturaleza había recabado tantos apoyos. Jamás había habido entre estos apoyos tantas firmas ilustres de escritores y artistas, tantas palmas y tantos laureles. Jamás se habían sumado a la iniciativa, en primera o en segunda instancia, partidos políticos en pleno, desde la cúpula hasta el último de los militantes. Lo primero, pues, que cabe preguntarse es por qué.”
Como era de esperar, también aparecen algunos anti Manifiesto, no contra el castellano o el español, sino como juego retórico para desvirtuar la iniciativa: “la lengua común no corre peligro y no necesita defensa”. Esto es lo que se podría llamar dar una burda larga cambiada. Pero está bien clara la intención del Manifiesto: son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. Por eso, en aras de la claridad de objetivos, no está por demás reflejar aquí, aunque sea de forma abreviada, el contenido del Manifiesto, para que no haya duda de para quienes se solicita ayuda: en defensa algunas personas, algunos ciudadanos que ven injustamente cercenados sus derechos de hispanohablantes.
El manifiesto se resume en los siguientes cinco puntos abreviados:
1.La lengua española es común y oficial a todo el territorio nacional. 2.Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua española, sea cual fuere su lengua materna. 3.En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. 4.La rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica. 5.Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua española lo mismo dentro de España que en el extranjero.
También en el mismo medio antes citado, ABC, pudimos leer ciertas declaraciones de Víctor García de la Concha con las que justificaba su negativa a firmar el Manifiesto: "por principio", nunca firma ninguno; la Academia no entra en esto porque "se trata de un problema político”. Resulta chocante que el director de la RAE exprese una visión tan estrecha y simplista de lo que en estos tiempos se considera un acto político. En una sociedad abierta y democrática, en la era de la comunicación, y cuando quien se manifiesta es nada menos que el director de la Institución, su negativa no puede merecer otra consideración que la de, efectivamente, acto político –precisamente lo que dice pretender evitar-, tanto como lo es la negativa de Zapatero a respaldar el Manifiesto porque sabe que enojaría a sus socios nacionalistas y perdería su apoyo en las acciones de gobierno, tan político como lo ha sido el acto de poner mi firma al pie de un Manifiesto, evidentemente con intenciones políticas. Dijo Edurne Uriarte, en una de sus columnas habituales de ABC, que “el objetivo y la sustancia del Manifiesto son políticos. Los referidos a los derechos de los españoles que no pueden aprender o utilizar con libertad el español en algunos lugares de España. Precisamente el despiste del Manifiesto -continua Uriarte- está en que no identifica responsabilidades políticas. En estas condiciones el señor García de la Concha no corre peligro de cogerse los dedos. No corre peligro de ser tratado de españolazo.”
Como se puede ver, el argumento de que se está haciendo uso político del Manifiesto ha hecho mella en algunas “sensibilidades de las izquierdas comprometidas”, quienes ya se han precipitado en marcar pautas para evitar problemas con las dictaduras nacionalistas. Algunos tienen miedo a ser catalogados de españolazos. La táctica de los “sensibles” es la de fingir que el problema no existe. Mirar para otro lado ignorando la humillación de los españolazos que ven pisoteados sus derechos legítimos.
También se ha sabido que el día 12 del pasado junio, el académico Francisco Rodríguez Adrados propuso a la RAE que instara al Gobierno a mantener, en las distintas comunidades autónomas, "el carácter del español como lengua común y oficial de España". El texto se discutió los días 12, 18 y 26. Aunque muchos académicos dieron su visto bueno al texto, finalmente no fue votado por falta de quórum. Se consideró, además, que la RAE "no era el sitio adecuado para hacer declaraciones como esas, lo que significaría meterse en un terreno muy conflictivo…". El diario que vengo citando, que desde el primer momento esta tratando con especial cariño e interés el asunto del Manifiesto -afortunadamente existen otros muchos medios que hacen lo mismo-, se hizo eco, el pasado sábado, del apoyo que varios académicos, como el propio Francisco Rodríguez Adrados, Gregorio Salvador, Valentín García Yebra y Manuel Seco han dado ya al texto. Hay una ausencia importante, sin embargo, entre estos apoyos: la del propio director de la RAE, Víctor García de la Concha. Por lo que se ve, la RAE no se atreve a salir en defensa del español, más allá de cuestiones gramaticales y lingüísticas, frente a las agresiones de los nacionalismos, a los derechos y libertades de los hispanohablantes. Defender derechos y libertades de ciudadanos maltratados, no es precisamente una indignidad.
Resulta providencial, en estos momentos de confusión del sentido del acto político en nuestra sociedad y del papel de nuestra lengua común, que en estos días, Rodríguez Adrados, 85 años, ya citado más arriba, uno de los más sabios estudiosos de la Lengua Española, acaba de recoger una selección de artículos que dan muestra de su extensa sabiduría bajo el titulo Hombre, política y sociedad en nuestro mundo, donde reune sus reflexiones sobre lo que el llama “el mundo infinito de los humanos”. Pilar Ortega Bargueño (El Mundo 4 de julio) ofreció un interesante trabajo sobre este insigne académico de la Lengua y de la Historia, helenista consagrado y presidente de honor de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Pues bien, Rodríguez Adrados, comprometido con la nuestra lengua común, no tiene ningún empacho en pedir el respaldo al Manifiesto y en afirmar que “la mayor parte de los académicos aprueban el contenido del Manifiesto, incluso los que dicen no.”
Otro académico de la lengua que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas claras es, Luis María Ansón, quien en su Canela Fina del pasado día 8 en El Mundo, tronaba así: “en el Congreso del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero ha vendido la primogenitura del idioma castellano por un plato de escaños. Hay que ser cínico para negar la evidencia de la liquidación del derecho de los ciudadanos a educar a sus hijos en el idioma de Cervantes en algunas comunidades autónomas.” Más adelante afirma Ansón, en respuesta al argumento esgrimido para desvirtuar el objetivo del Manifiesto Pro Defensa del Español, que no esta en peligro y no necesita que nadie lo defienda, dice: “Pero es que no se trata de defender el castellano. Se trata de defender el derecho de los ciudadanos españoles a educar a sus hijos en la lengua común de España, conforme a la Constitución votada por la voluntad general libremente expresada por el pueblo.”
Frente al argumento de los que dicen que el Manifiesto va contra el catalán, conviene recordar que, cuando en los años veinte del pasado siglo, durante la dictadura de Primo de Rivera, el catalán padeció dificultades de parte de aquel Gobierno, la Academia, con don Ramón Menéndez Pidal a la cabeza, salió en defensa del catalán. Pero mas sorprendente resulta que los nacionalistas hayan olvidado el injusto sufrimiento que les infringió el régimen franquista cuando perseguía al catalán. Con esa experiencia vivida en propias carnes, su respuesta, ahora que se sienten amos de la situación, aparece como una vuelta de tortilla, una desquite. El burladero de los regímenes nacionalistas para justificar atropellos, resulta descaradamente alto. Parece que esta Europa de nuestros afanes, que no acaba de poner rumbo en sus ensayos constitucionales, tampoco acaba de encontrar la formula de vacunarse contra el montaraz mal de los nacionalismos que tanta sangre y sufrimiento ha producido, casi hasta ayer mismo. Más bien parece, en más ocasiones de las deseadas -Kosovo, la ultima-, que los estimula irresponsablemente.
Y para terminar vuelvo por donde empecé. Después de haber permanecido con satisfacción, justamente hace ahora 10 años, en la lista de miembros benefactores de la Fundación Pro Real Academia Española, los hechos, argumentos y reflexiones anteriormente expuestos, finalmente, me han llevado a tomar la decisión de manifestarle claramente, a la Gerente de la Fundación, Dª. Monserrat Sendagorta Comendio, por correo electrónico con acuse de recibo, lamentándolo de gran manera, mi voluntad de causar baja de dicha Fundación, por la incomodidad y el desconcierto que todo aquello me produce. Que cada miembro de la Fundación haga, libremente y en conciencia, lo que crea conveniente.
